Unidos Por Chile

Señor Director:

El escudo que tenemos los ciudadanos frente al Estado y sus agentes es la institucionalidad, o sea, el respeto irrestricto y permanente de la Constitución y las leyes. Nuestras autoridades, todas, deben actuar dentro de sus facultades conforme al marco jurídico que como país y democráticamente nos hemos dado.

Las normas a las que nos sometemos y a las cuales están obligadas las autoridades nos permiten una convivencia ordenada y pacífica donde nadie debiera preocuparse por su libertad, integridad física o bienes. Nuestra Constitución establece el Principio de Legalidad, por el que ningún funcionario del Estado puede arrogarse otras facultades o derechos que los expresamente establecidos por ley. Es más, todos ellos juraron respetar la Constitución y las leyes.

Por ello, es extremadamente preocupante e inaceptable que el Presidente de la República promulgue una ley (de servicios básicos) que el Gobierno había declarado inconstitucional o que la presidenta del Senado considere que es posible obviar la Constitución a pretexto de cualquier valor que ella considere superior. Es igualmente inaceptable que parlamentarios presenten y aprueben proyectos de ley inconstitucionales. Es atemorizante que funcionarios públicos promuevan medidas que dañan la institucionalidad. Es penoso que los tribunales se salten las leyes y la Constitución y hagan activismo a través de sus fallos.

Si los ciudadanos permitimos que actitudes como las descritas se sigan realizando, validamos que autoridades electas democráticamente atenten contra la institucionalidad que permitió su elección, lo que es una gran amenaza para nuestras libertades y derechos. Cuando nos impulsan a desafiar las instituciones a pretexto de un valor apreciado por todos, como la justicia o la igualdad, el resultado es el advenimiento de una autoridad dictatorial, cegada por el fanatismo y la ideología.

El hogar de nuestras libertades y derechos está en nuestras instituciones democráticas, por lo que protegerlas es deber de todos, y en tal sentido hacemos un llamado a los ciudadanos comunes y corrientes y a todas las organizaciones de la sociedad civil a denunciar con fuerza a todos aquellos funcionarios del Estado que violen la Constitución y las leyes y a exigirles el cumplimiento irrestricto de las mismas. Esto es lo único que nos protegerá del abuso de unos pocos. De lo contrario, ¿quién podrá defendernos?